La solicitud de emergencia a la corte se realizó tras decisiones contradictorias de tribunales federales de apelaciones en días recientes en torno a una directriz emitida en septiembre por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), la cual pausó las deportaciones a menos que los individuos hayan cometido actos de terrorismo, espionaje o “amenazas atroces a la seguridad pública”.
La corte federal de apelaciones de Cincinnati revocó la orden de un juez de distrito que suspendía esa política en una demanda interpuesta por Arizona, Ohio y Montana. Pero en una demanda por separado incoada por Texas y Luisiana, un juez federal en Texas ordenó una suspensión a nivel nacional de la directriz, y un panel federal de apelaciones en Nueva Orleans declinó intervenir.
El gobierno recurrió a la Corte Suprema en el último caso, solicitándole que se autorice que la política sea implementada en todo el país, o cuando menos en todos los estados excepto Texas y Luisiana.
