La suerte de Daca (programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), creado hace casi diez años durante la administración del presidente Barack Obama en Estados Unidos y que impide la deportación de los llamados dreamers o soñadores, quedó nuevamente en el limbo tras una audiencia de un tribunal de apelaciones en Nueva Orleans, donde el caso está siendo discutido.

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El tribunal, compuesto de momento por tres jueces que hacen parte del Circuito Quinto de la Corte de Apelaciones, estudia una demanda elevada por Texas y otros ocho estados que buscan derogar Daca alegando que su implementación les ha costado cientos de millones de dólares en subsidios de salud y otros gastos.

Así mismo, que el Departamento de Seguridad Interna (DAS, por su sigla en inglés) cometió errores de procedimiento al diseñar una política que ha beneficiado a unas 600.000 personas que llegaron al país de manera ilegal cuando aún eran menores de edad.

El año pasado, un juez en Texas ya había declarado que Daca era ilegal y le ordenó al DAS no otorgar nuevos permisos. Lo autorizó, eso sí, a renovar las licencias de trabajo que ya se habían otorgado previamente a esas 600.000 personas mientras el caso avanzaba por el sistema de cortes.