Washington. El Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó este jueves la solicitud del Gobierno que dirige Joe Biden para imponer con carácter inmediato una política de criterios de deportación de inmigrantes distinta a la dictada por su antecesor Donald Trump. Por cinco votos en contra y cuatro a favor (la jueza conservadora Amy Coney Barrett se alió en esta ocasión con las progresistas a favor del Ejecutivo), el Supremo desestimó la petición de la Administración Biden y, en su lugar, celebrará una audiencia oral sobre la cuestión en diciembre.

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Esta fue la primera votación en la que participó la magistrada Ketanji Brown Jackson, de momento la única jueza del Supremo designada a propuesta de Biden y que fue confirmada por el Senado en abril. El Gobierno presentó una solicitud de amparo ante la Corte Suprema después de que a principios de junio un juez federal en Texas anulara las normas establecidas por el Ejecutivo demócrata para detener y deportar extranjeros, que dan prioridad a aquellos que suponen un peligro a la seguridad de EE.UU.

En esa ocasión, el magistrado Drew Tipton falló a favor de una demanda presentada por los estados de Texas y Luisiana, que buscaban precisamente dejar en pie las prioridades marcadas por Trump y que pusieron en la mira de la deportación a todas las personas con estatus migratorio no definido. Tipton consideró que los criterios de la Administración demócrata no cumplían con los procedimientos administrativos y calificó su regla de prioridades de “arbitraria y caprichosa”.

La disputa por las prioridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) comenzó en febrero de 2021 -ya bajo la Presidencia de Biden-, cuando se ordenó a los agentes dar prioridad a la detención y deportación de los inmigrantes considerados un peligro para la seguridad nacional y el orden público.